El Congreso de Aguascalientes aprobó una reforma que reduce de 12 a seis semanas el límite para el aborto voluntario, a pesar de un fallo previo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La nueva legislación fue aprobada con 19 votos a favor y seis en contra, principalmente por el Partido Acción Nacional (PAN), y elimina el concepto de “personas gestantes” utilizado por la SCJN.
La reforma impone penas de cárcel de tres a seis meses y sanciones económicas para quienes realicen abortos después de la sexta semana. Además, se requiere que dos trabajadores de la salud confirmen si el aborto espontáneo fue realmente involuntario. Esta medida se implementa a pesar de la declaración de inconstitucionalidad por parte de la SCJN en agosto de 2023, que había invalidado la prohibición total del aborto en Aguascalientes.
Organizaciones feministas han expresado su preocupación, calificando la reforma como un retroceso significativo en los derechos al aborto y alertando sobre posibles repercusiones en otras entidades. Las asociaciones como Marea Verde, Abortistas, México Igualitario y Mexicanas en Acción Positiva han denunciado que la iniciativa viola principios de progresividad en derechos humanos, así como el derecho a la igualdad y la salud.
