El debate de #AgsMx

Gran Tampico • Salen los muertos del pasado

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Gran Tampico • Salen los muertos del pasado

Julián Javier Hernández

Un día, José Miguel X., director municipal de la zona, tomó una decisión arriesgada.

Su mujer le había estado pidiendo una ayudante doméstica desde hacía semanas. “Lo merecemos”, le dijo. Aunque podía costearlo de su salario (60 mil pesos mensuales), José Miguel buscaba la forma de aminorar el gasto. Luego de pensarlo unos días, le comunicó a su pareja que podían contratar una. Fue así que llegó Esmeralda, una trabajadora madura, pero con gran vitalidad. Y lo mejor era que no le costaría un centavo. ¿Es que sería una esclava? En absoluto; Esmeralda tenía asegurado su salario, y uno bueno, por cierto. Para ahorrárselo, José Miguel la había registrado como empleada municipal.

Al principio, José Miguel estaba temeroso de ser descubierto. Pero, como nadie lo notó, disipó sus miedos y dio otro paso hacia adelante.

“Úsala para ti”, le dijo a su esposa, y puso en sus manos las llaves de la camioneta, la de gobierno, que no era de lujo pero sí práctica. Y la mujer tomó el vehículo para ir por los niños a la escuela, hacer las compras y visitar a las amigas. No tenía que preocuparse del combustible, ya que también salía del presupuesto municipal.

A partir de entonces, José Miguel mostró su generosidad con los suyos, aunque eso fuera perjudicial para los gobernados. A un compadre lo convirtió en proveedor y le pagaba la mercancía a sobreprecio. A su suegro le rentó una casa como bodega de la dirección municipal, cuyo costo triplicaba el valor de mercado (de 6,000 a 18,000 mil pesos mensuales).

Gastó a ojos cerrados, como suele ocurrir cuando alguien utiliza el dinero ajeno. Porque esas sumas, aunque no estén en una cuenta unipersonal, tienen dueño.

Tal fue el comportamiento de José Miguel X como director municipal, libre de informar o justificarse. Imaginen lo que podría hacer un alcalde o un gerente general de Comapa de cualquier ciudad, que están en la cima de la administración pública y manejan más de mil millones de pesos al año.

Estos desvíos pudieron haberse autolimitado, si no suspendido, de conocerse la información administrativa. Cualquier ciudadano tendría derecho a saber quiénes integran la nómina, cuáles son los precios de las mercancías adquiridas con proveedores, y cuáles son los costos de los inmuebles rentados, así como la identidad de los dueños.

Pero ese derecho, ese poder de exigir cuentas a la autoridad, ya no existe, por lo menos en la forma en que funcionaba.

He utilizado un personaje ficticio para representar el abuso de autoridad más frecuente entre nosotros, pero créame que Tampico, Madero y Altamira está lleno de José Migueles, y peores que el aquí descrito.

Veníamos de etapas muy viejas en las que el presidente de la Republica se jactaba de su nepotismo , o en las que el alcalde enviaba a empleados municipales a trabajar de albañiles en su residencia. Tales extravagancias disminuyeron o se moderaron gracias al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). Pero lo acaban de matar, y debemos considerarlo una de las peores noticias del siglo, a reserva de que lleguen otras más terribles.

Ha sido como volver a la edad de las locomotoras y los barcos de vapor o peor que eso, porque no es un retroceso tecnológico, sino de mentalidad.

Darle al Estado la discrecionalidad de informar sobre el gasto público pertenecía al cementerio de las malas ideas, como prohibir el divorcio, negar el voto a las mujeres o penalizar las preferencias sexuales. Acaban de volver a la vida un cadáver agusanado que atenta contra los derechos y la dignidad ciudadana.

La extinción del INAI, culturalmente hablando, es un “no” a los contrapesos del poder y a las formas de democracia directa. El Estado se asume como juez y censor de sí mismo y le niega la mayoría de edad a los gobernados. La Cuarta Transformación sostiene que el Sistema Nacional de Transparencia es innecesario, y que esa función la suplirá con una nueva secretaría que, en sentido estricto, quedará subordinada al Ejecutivo. Este es el salto de cien años atrás que acaba de dar el país.

La figura que emerge de estas reformas se parece cada vez menos a una democracia, porque el Estado se agiganta y extiende su injerencia sobre el territorio y sus habitantes. Llamados a ser como Dinamarca, casi somos Nicaragua.

Allá, en el país centroamericano, el presidente Daniel Ortega está a punto de convertirse en dictador. Harto de ejercer el sistema republicano, promovió una reforma para que la Presidencia coordine los órganos legislativos, judicial, electoral, de contraloría y los entes autónomos. A esta nulidad de la división de poderes la llamó “modernización de la Carta Magna”.

Manoseando aún más la Constitución, propuso declarar copresidenta a la actual vicepresidenta, su esposa, Rosario Murillo. Luego, para acallar las críticas a este proyecto, actualizó el delito de “traición a la patria”, que no consiste en apoyar a un ejército extranjero en perjuicio de la propia nación, sino en recriminar al gobierno en el mismo tenor que la prensa internacional. “El Estado vigilará que los medios de comunicación no sean sometidos a intereses extranjeros”. Quienes incurran en esta difusión perderán la nacionalidad nicaragüense y serán desterrados, como ya ha sucedido con cerca de 450 disidentes, entre ellos varios sacerdotes y periodistas.

La ambición de Ortega fue madurando con los años, ya que llegó al poder en 2007 y al principio parecía un demócrata, defensor de la libertad, la alternancia y los derechos humanos.

¿Está México en la misma dirección? Sería frívolo asegurarlo, pero quitarle a los ciudadanos el poder de exigir informes y respuestas a la administración pública, mediante un organismo autónomo, es un paso atrás en nuestra democracia y una forma de sovietizar al país, con más control del gobierno y su partido en áreas del sistema político.

Solo falta la aprobación del Senado para sepultar definitivamente al INAI. Pero la confianza ciudadana quedó enterrada desde que los causantes de los desfalcos (por omisión o incompetencia) en el Insabi, Segalmex y Pemex fueron recolocados en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Julián Javier Hernández es periodista.

Plaza de la Patria • Regresión

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Plaza de la Patria • Regresión

Juan Manuel Robledo

“De uno por uno, de dos en dos,
querrán tapar mi boca y quitarme la voz…”
Armando Palomas

Con la violencia del mayoriteo, Morena y sus aliados aprobaron en el Poder Legislativo la desaparición de varios organísmos autónomos; el principal quizá, el instituto que en los años recientes ha garantizado a los mexicanos el acceso a la información de las diversas áreas del gobierno en sus tres niveles.
Aunque los adeptos de la secta morenista se rasgan las vestiduras cuando se les señalan sus excesos, sus abusos, su dictadura institucionalizada, lo cierto es que el movimiento autodenominado Cuarta Transformación avanza en reversa, y solo se detiene en las estaciones del pasado que le sirven para incorporar prácticas de gobierno y políticas públicas que encubran sus actos de corrupción y saqueo del erario.
La dictadura pristoide, que se conformó a lo largo de más de 70 años de abuso y manipulación, institucionalizó modos de gobierno indignos pero aceptados por la mayoría; y apenas cuestionados por una incipiente oposición.
El PRI siempre se negó a la auditoría, a la transparencia, a la contraloría ciudadana, a la democracia, al voto libre. La dictadura priista fue amable y condescendiente, con discursos que exaltaban los logros de la mano casi divina de sus funcionarios. Y por la espalda fue traidora, asesina, cruel y multiplicadora del horror que produce tener al Ejército y la Policía dispuesta a saltarse las trancas de la Ley.
Las grietas que terminaron por convertirse en grandes boquetes, y a la postre propiciaron que el PRI perdiera la Presidencia de la República, se originaron en la presión ciudadana, en las denuncias ante organismos internacionales y en el periodismo de investigación que desnudó la realidad de los gobiernos del PRI.
Así se le arrebataron al dominio priista la organización de las elecciones y su calificación; y así se comenzó a organizar el acceso a la información sobre los manejos del erario. La noche oscura del priismo cedió a la luz de la participación ciudadana, de la contraloría social.
El ataúd que los ciudadanos pasearon como símbolo de la derrota del PRi, momento publicado en una portada de la revista Proceso, ha sido recuperado por Morena. Como un zombie maldito, el priismo vuelve a recorrer el país; no fue sepultado, estaba viviendo su transformación a la vista de todos; el zombie priista se llama Morena; y desde el poder presidencial recuperado está destruyendo todas las instituciones que le empujaron al norde de la tumba.
México está viajando hacia el pasado, en reversa, de nalgas, hundiéndose en el abismo oscuro de un país sin democracia, sin transparencia, sin voto libre. Un país que los ciudadanos cambiamos con debates, marchas, protestas y vidas; y que Morena y la Cuarta Transformación están reponiendo con el saqueo al erario y abusando de la confianza ciudadana que el lobo con piel de oveja ha recuperado.

Juan Manuel Robledo es director de Info Aguascalientes / infoags y politólogo de café.

#LaSilla • Desprecian a Jalisco

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#LaSilla • Desprecian a Jalisco

Manuel Baeza Sánchez
Paradojas de la vida en Mexico. ¿Qué gana Jalisco por ser uno de los motores de la economía nacional? ¿Qué gana la Universidad de Guadalajara por estar considerada en el tercer lugar entre las casas de estudio del país? Desprecio. Eso es lo que gana.
Llega el momento en que la nueva administración del gobierno federal presenta su presupuesto de egresos para 2025, y el resultado es que no solo se ignoran las peticiones de las autoridades electas del estado, sino que además se recorta dinero para la UdeG.
No entiendo lo que piensan en la capital del país. ¿Por qué ignorar a uno de los estados no solo más poblados, sino de los más fuertes para la generación de empleos, riqueza y desarrollo?
Jalisco es líder en numerosos campos no sólo por la bendición de la naturaleza, o por su ubicación geográfica. Lo es sobre todo porque tiene gente trabajadora y muy buenos líderes en la parte gubernamental, empresarial y social.
Jalisco está siempre en el grupo del frente de los estados porque su gente trabaja, produce, innova y, lo más importante, no vive metiéndose en problemas y conflictos. Hay como en todos lados diferencias, pero siempre se impone el espíritu del entendimiento y la cooperación.
Jalisco es grande por su gente, y a esa gente la ven mal desde los liderazgos políticos de la capital del país.
La paradoja es que cuando se solicita apoyo económico y técnico para seguir avanzando, para mejorar la capacidad de desarrollo y la calidad de vida de los jaliscienses, en el gobierno federal se ignoran las peticiones.
Pedimos apoyo para mejorar la infraestructura de transporte público, y la respuesta es no.
Pedimos apoyo para mantener el saneamiento del río Santiago, y la respuesta es no.
Se espera que se mantenga el presupuesto para la gran Universidad de Guadalajara, y la novedad es que se le recorta el dinero para el próximo año, pese a que el gobierno estatal le mejoró su aportación.
¿De que se trata entonces?
Y no crea que esas decisiones se tomaron luego de que funcionarios federales se reunieron con el gobernador electo y sus funcionarios para revisar las peticiones. No. Ni siquiera han querido recibir a quien ganó las elecciones y estará al frente gobierno por los próximos seis años.
¿Qué gana Jalisco por ser un estado grande en todos los sentidos? Desprecio, Vaya paradoja.

Manuel Baeza Sánchez es periodista.

Columna de Mezquite • Mentalidad invertida

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Columna de Mezquite • Mentalidad invertida

Guillermo Macías Díaz Infante
Es vox populi que la actuación del alcalde de Aguascalientes ha sido gris y sobre todo sumisa a la voluntad del gobierno del Estado, que lo manipula a su antojo.

Tales características no son de extrañar si consideramos que el Alcalde ha enseñado de qué está hecho. Para muestra ha bastado un botón.

Se lamentó el funcionario de que el municipio sufrirá “pérdidas” de equis cantidades por la no extensión de las licencias de establecimientos de servicio de bebidas alcohólicas más allá de las tres de la mañana.

Vaya mentalidad! Vaya desorientación de este señor! Vaya inversión de conceptos que domina la mente de este alcalde.

Considerar como “pérdidas” las cantidades relativas a las referidas licencias es tener un concepto totalmente equivocado del papel de la autoridad respecto de actividades que requieren ese tipo de permisos; es no tener idea de la razón de ser de la función gubernativa.

Cuando una actividad en la sociedad se somete al régimen de licencia por parte de la ley para poder realizarse, es por la sola razón de control y vigilancia.

Las licencias, permisos o autorizaciones nunca tienen per se una finalidad recaudatoria. Su expedición u otorgamiento tienen un precio, que se denomina fiscalmente “derecho” y que es sólo para cubrir el costo que ello le represente al ente público por el acto en beneficio de quien obtiene la licencia. Si bien ese ingreso va a parar al gasto público, los derechos no tienen la naturaleza de cobros para que el aparato público subsista y realice sus funciones.

Por ello no puede considerarse que el municipio tenga pérdidas ahora por esa circunstancia de reducción de horario de licencias y la autoridad no puede lamentarse por que bajen los ingresos por ese concepto.

Lo que importa en este caso es que se regula la actividad sujeta a licencia, restringiendo el horario por razones de interés público (seguridad, salud, orden, entre otras). Los ingresos que deje de percibir el municipio no son pérdidas ni es nada para lamentarse.

Aunque hay algunos buenos funcionarios en el gobierno municipal de Aguascalientes (ayuntamiento y administración), los servicios públicos, vox populi, dejan mucho qué desear; es más, son malos y podemos considerar que para ello influye la visión de este alcalde que muestra un concepto pervertido de la función pública, una ignorancia supina respecto a la acción gubernativa. (fin)

Guillermo Macías Díaz Infante es abogado.

Columna de Mezquite • La Impartición de Justicia

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Columna de Mezquite • La Impartición de Justicia
Guillermo Macías Díaz Infante
Ponencia presentada en el Club Rotario de Aguascalientes, el 30 de octubre de 2024.
Hay una definición clásica de justicia, elaborada por los romanos, por el gran jurista Ulpiano, quien sentenció que “justitia est constants et perpetuam voluntas jus suum cuique tribuendi” Profundo, inmejorable, insuperable concepto de la justicia, del cual existen múltiples traducciones a los diversos idiomas, entre ellas al Español… pero nunca esas traducciones alcanzan a expresar la hondura, el alcance de la expresión latina. Decimos que justicia es el dar a cada quien lo suyo.
Pero dicha expresión clásica Ulpiano no la formula de manera aislada; es uno de los principios básicos de la vida conforme a Derecho: “honeste vivere”, “alterum non laedere” y el famoso “jus suum…” Para Ulpiano, la vida regulada por la ley se rige por esos tres principios: vivir honestamente, no dañar a los demás y dar a cada quien lo suyo.
Hay que vivir en sociedad conforme a esos tres principios, tal como lo dice Ulpiano: “Juris praecepta sunt haec…” Estos son los mandatos del Derecho, nos dice el jurista romano.
Pero cómo se alcanza la justicia?
La justicia es el fin del Derecho.
La justicia no se logra con la aplicación fría del texto de la ley. La aplicación de la ley es un arte que conlleva la belleza del orden y el orden deber abarcar a toda la sociedad. Es preciso observar los tres principios de Ulpiano y no nada más el dar a cada quien lo suyo.
La definición clásica es individualista, personalista; exceso de justicia, exceso de injusticia. Desde 1972, con motivo de la V Jornada Mundial por la Paz realizada en Panamá se trabaja en un concepto social de la justicia. De esta conferencia parten los trabajos contrarios al aforismo latino de si quieres la paz, prepara la guerra. Ahora el enfoque es si quieres la paz, trabaja por la justicia.
En mérito de ello se ha trabajado en un concepto, que no definición, de justicia en vista a su conjunción con los otros dos principios de Ulpiano.
“Justicia es la contribución directa y positiva a la estructuración solidaria, equitativa y respetuosa de todos y cada uno de los hombres, en su dimensión total, en nuestra sociedad de transformación.”
En una pretensión de aplicación fría, seca, a rajatabla de la ley, en supuesta actitud de alcanzar la justicia, las sociedades se han olvidado de que ésta no puede ir sola, en una visión individualista.
La justicia empieza al hacer la ley, al ir confeccionando los mandatos que darán forma a una ley. La ley, el sistema jurídico debe contribuir al desarrollo de la dimensión total del ser humano.
No hablamos de un solo cuerpo normativo sino de todo el conjunto sistemático del orden jurídico de una sociedad determinada. Todas las normas deben formar un conjunto articulado que propicie el desarrollo de la dimensión total del hombre.
Un orden jurídico bien construido es belleza, es arte; en cambio, un sistema jurídico desarticulado, falto de armonía, producirá desorden, caos.
El conjunto normativo de un pueblo determinado debe contemplar a la sociedad en su conjunto. Esto implica que las normas deben considerar las condiciones generales de la diversidad de los aspectos sociales. Las necesidades sociales, es decir, las que derivan de la existencia del hombre en comunidad deben ser atendidas de manera consecuente por el orden jurídico para que sea posible el desarrollo humano en su dimensión total.
El orden jurídico debe considerar las características de los diversos grupos que conforman sectores de la sociedad, las condiciones de vida materiales, culturales y económicas, la idiosincrasia y hasta la necesidad de protección por factores de vulnerabilidad. Inclusive el entorno natural, ambiental y geográfico debe ser materia de consideración en el conjunto normativo de una sociedad determinada.
Entonces, la justicia implica el diseño de la ley en armonía con la sociedad, con la comunidad a la que se dirigen sus normas, viendo siempre por el desarrollo humano integral.
La función legislativa debe ser asumida con responsabilidad de manera sabia. El Derecho es cambiante y se adapta a las necesidades de las diversas épocas, pero entre más perdure una norma, más sabiduría hubo en su legislador. Entre más tiempo sea bastante una norma para resolver las necesidades que contempla, más sabiduría hubo en su confección. No se puede alcanzar la justicia con normas irresponsables, defectuosas, descuidadas.
En nuestro país un grave impedimento para alcanzar la justicia en la sociedad, es el cúmulo de leyes defectuosas. El defecto de un sistema jurídico no se mide sólo por los desatinos de su contenido sino principalmente por las omisiones normativas, por la ausencia de normas que deberían regular no sólo la conducta de los gobernados sino también los deberes y obligaciones de los gobernantes.
La aplicación de la ley, la justicia, hoy tan de moda en las discusiones y conversaciones de los mexicanos, no sólo depende de los tribunales, sino en gran medida también de otras autoridades, como lo son las administrativas de los diversos ámbitos de gobierno, el federal, el estatal y el municipal.
Nuestro sistema normativo, en cuanto a la regulación de la función administrativa (es decir, el actuar de los gobernantes ejecutivos) podríamos decir que es un cheque en blanco. Deja a las autoridades actuar según les venga en gana, hacer o no hacer o qué hacer. En una visión panorámica, nuestras leyes no imponen cargas a las autoridades, a los funcionarios para realizar tales o cuales acciones, actividades, planes o programas, sino que dejan al arbitrio de los funcionarios el moverse en el conjunto de las ambigüedades de los textos normativos. Son las leyes de los últimos cien años las que han permitido la entronización de funcionarios aspirantes a reyezuelos, cuya voluntad es realmente lo que manda y no una ley buena en su contenido.
La corrupción y la impunidad tienen uno de sus factores generadores en las deficiencias del orden jurídico. Los malos servicios públicos (educación, salud, vías de comunicación, limpia, dotación de agua, seguridad, mantenimiento de infraestructura) tienen también su causa en leyes defectuosas. Leyes que dejan al arbitrio de los funcionarios el actuar o no actuar, el cuándo, el cómo y el dónde y sobre todo, la impunidad por la irresponsabilidad del no actuar.
El “honeste vivere” y el “alterum non leadere” de Ulpiano no se pueden alcanzar en una sociedad, cuando su conjunto normativo propicia la negligencia, la irresponsabilidad y la falta de conciencia cívica en los mismos habitantes de la comunidad. El interés egoísta del ciudadano, la falta de interés por lo público y la falta de participación en los asuntos públicos se debe en gran medida a un sistema jurídico omiso en proveer las condiciones normativas para que la sociedad alcance niveles de conciencia y actuación responsable en lo público. El sistema jurídico que tenemos no es un camino que lleve a que los integrantes de la comunidad alcancen el desarrollo de su dimensión total, de manera solidaria, equitativa y respetuosa, tal como lo dice el concepto de justicia. Desde la educación primaria, el sistema jurídico es deficiente en educación comunitaria. Ni siquiera se les enseña a los niños, se les educa, en la letra del Himno Nacional y luego de grandes siguen pensando que “masiosare” es el extraño enemigo. Así no podemos construir un país con justicia.
El desarrollo de la dimensión total del ser humano implica deberes para todos, que lamentablemente el orden jurídico desdeña. El honeste vivere y el alterum non laedere de Ulpiano, como principios del Derecho implican que el estado cumpla con su obligación de impartir educación de calidad en todos los niveles y que lo mismo exija a los particulares que la imparten, en lugar de que las escuelas estén convertidas en negocios lucrativos o centros de adoctrinamiento, en donde lo que importa es que se pague la colegiatura y no la calidad académica. En el aspecto educativo hay un gran talón de Aquiles para la construcción de un país con justicia; los mal llamados derechos humanos, esa figura importada de la sensiblería europea, junto con el animalismo, han influido gravemente en perjuicio de la educación y lo peor es que el sistema jurídico lo propicia. La construcción de un país justo también implica, en el aspecto económico el ejercicio de un gasto público atinado y no arbitrario; se gasta en lo que se les ocurre o se les ofrece a los detentadores del poder, en los tres ámbitos de gobierno. Los presupuestos federal, de los estados y de los municipios no cumplen con el principio de especificidad, conforme al cual las partidas del gasto deben ir hasta lo más específico del gasto. Se parecen al presupuesto que hiciera una ama de casa en que para el mes asigna una cantidad para alimentos y se lo gasta todo en pasteles y galletas y ya no le alcanzó para lo demás. Gastó dentro del presupuesto, pero gastó mal!
Tan sólo con fines ilustrativos sobre lo dicho en este tema diremos que por ejemplo, en un presupuesto se contemplan las siguientes partidas: 26 para Productos Alimenticios para Personas; 328 para combustibles; 93 para accesorios menores de equipo de transporte; 94 para arrendamiento de maquinaria; 10 para servicios contables, 1 para investigación científica y desarrollo; 59 para difusión de actividades; 17 para gastos de orden social y cultural; 130 para ayudas sociales a personas; 15 para equipo de cómputo y 438 para proyectos productivos y acciones de fomento. Esto corresponde al municipio de Aguascalientes para 2024. Y así ha sido todos los años, todos, trienio tras trienio.
Con ese tipo de ejercicio del gasto público, arbitrario, no se puede construir una comunidad con justicia.
La aplicación de la ley desde luego corresponde a las autoridades administrativas y ello debe tender a la justicia en todos los ámbitos: la inspección y vigilancia de las actividades de los particulares, el control del desarrollo urbano, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la salud, la indispensable educación física y el deporte. En fin, en todos los rubros del actuar gubernativo de la administración debe mirarse hacia la justicia y no ejercer el poder público para el chantaje, la extorsión, la corrupción y para la satisfacción de oscuros intereses personales.
En el aspecto económico, en el ámbito privado o de los particulares, la justicia se da desde la empresa con el buen trato a los empleados y la responsabilidad del trabajador; el afán del lucro inmediato y desmedido genera un entorno económico socialmente irresponsable. La prepotencia empresarial de ser los generadores de riqueza y los que pagan los impuestos y mantienen al país debe ser cambiada por una actitud armónica con los factores económicos; ni son los únicos que generan riqueza ni son los que mantienen al país, pues la principal fuente de recaudación es el impuesto sobre productos del trabajo y el del consumo de bienes y servicios que pagamos todos. Sin capital una empresa es difícil pero sin trabajo es nada. La visión debe ser armónica, con leyes que propicien el cumplimiento de los tres principios: honestidad, no dañar a otro y trato equitativo. Las leyes deben propiciar este entorno, pues fuera de ello, no se puede hablar de un país con justicia.
Impartir justicia empieza haciendo leyes sabias.
La impartición de justicia no se agota ni es exclusiva de los jueces y tribunales.
La función que realizan los juzgadores es el resultado de la división del poder absolutista de los reyes o monarcas, a partir de la Revolución Francesa y del gran filósofo Charles de Secondat, Barón de Montesquieu, aunque hay antecedentes ya milenarios en las antiguas sociedades.
La actividad jurisdiccional, es decir el ejercicio de la jurisdicción, consiste en el “jus dicere” de los romanos, o sea, el decir el derecho, determinar a quién corresponde un derecho que se encuentra en disputa.
En la actualidad hay dos grandes ramas en el ejercicio de la impartición de justicia, una, en el ámbito privado, es decir, la resolución de conflictos entre particulares y otra, en el ámbito de lo público, que es fundamentalmente la resolución de conflictos entre el poder público y los particulares, especialmente entre la administración pública y los particulares.
La impartición de justicia en asuntos entre particulares depende entre, otros, de dos factores esenciales: la capacidad o conocimiento jurídico del juzgador y su honorabilidad. La corrupción puede afectar a los órganos de impartición de justicia, cualquiera que sea el sistema jurídico al que pertenezcan y cualquiera que sea el sistema de acceso al cargo de juzgador. No importa si son por designación colegiada, por dedazo o por elección  popular. La honestidad del juzgador es el fiel de la balanza. La corrupción del juzgador no sólo consiste en la venta de la justicia sino también en la incapacidad o ignorancia para impartirla, en la impartición por gracia o favoritismo o simplemente por negligencia o descuido.
A lo largo de más cuarenta años de andar por los tribunales he conocido de todo; juzgadores muy competentes, juzgadores de una ignorancia supina, juzgadores honestos a carta cabal y juzgadores corruptos. También he conocido juzgadores miedosos o pusilánimes, miedosos para tomar decisiones. Lo que nunca me ha tocado conocer es a alguien que a mí me pida dinero o favores; jamás. Y tengo la satisfacción de decir que jamás he tenido ya no dar, ni siquiera ofrecer un peso por una decisión a mi favor. En alguna ocasión, un cliente en un asunto fiscal me dijo que estaba dispuesto a que le ofreciéramos dinero a los magistrados. Le contesté que yo estudié para resolver asuntos jurídicamente, no para comprar jueces, que para eso no se necesita estudiar.
Hay mucho qué hacer en el campo de la resolución de los procedimientos jurisdiccionales en los casos controvertidos, ello a fin de alcanzar la justicia. Hay valiosos juzgadores y los hay que ni siquiera merecerían ser notificadores. Es necesario reformar muchos procedimientos judiciales para agilizar la impartición de justicia y volverla más humana, pues a fin de cuenta la justicia es por y para los seres humanos. Es necesario que el poder público apriete en la exigencia a las instituciones de formación de abogados, pues en estos tiempos, hay muchos egresados de la carrera de abogacía que ni para taxistas sirven. Desde luego, la honestidad debe ser un pilar en la formación de los juristas y debe ser una convicción inquebrantable en el ejercicio del Derecho.
La impartición de justicia empieza en y por nosotros mismos. Como ciudadanos en la vida diaria, en nuestras actividades y ocupaciones, en el ejercicio de nuestros derechos y cumplimiento de nuestras obligaciones. Lo demás, si los jueces son designados o elegidos es “peccata minuta”.
Guillermo Macías Díaz Infante es abogado.

#LaSilla ¿Para que quiere Morena 10 millones de afiliados?

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#LaSilla ¿Para que quiere Morena 10 millones de afiliados?

Manuel Baeza Sánchez
Nada más y nada menos que diez millones de afiliados. Esa es la cantidad de militantes que pretende lograr Morena en los próximos dos años. Diez millones. Si logran su objetivo habrán crecido hasta cuatro veces su militancia actual, pues hoy tienen dos millones 322 mil y algo de afiliados. Por cierto, son el partido con más militantes en el país.
Si Morena gana (casi todas) las elecciones sin problemas, y es el instituto político con más militantes, ¿para qué quiere tantos afiliados? Me atrevo a pensar que se trata de una estrategia que busca generar una simbiosis entre gobierno y partido para borrar los límites entre ambos.
Ser miembro del partido ofrecerá a los ciudadanos una ventaja, un plus a la hora de buscar beneficios o ventajas. Si buscas un trabajo en el gobierno, y eres miembro del partido, tendrás una ventaja sobre otros aspirantes. Si a la hora de registrarte para rentar una casa de las que construirá el gobierno demuestras que eres miembro del partido, eso te pondrá adelante en las listas. Si hay que recibir un apoyo gubernamental, ser miembro del partido será la llave para lograrlo.
Por supuesto que habrá quien piense que exagero, o que me vendieron una idea falsa. Pero no. Está claro desde hace tiempo que la estrategia de la 4T es generar la impresión de que el partido y el gobierno son lo mismo. Por eso la Secretaria de Gobernación del sexenio pasado fue anunciada como futura presidenta del partido, y Luis Maria Alcalde se mantuvo como funcionaria hasta terminar el gobierno de AMLO. De eso se trata, de demostrar que partido y gobierno es lo mismo.
Así que Morena va por diez millones de afiliados. Un número nunca antes visto para un partido. Cuesta mucho dinero y mucho tiempo. Y han ganado sin problema dos elecciones presidenciales. Necesidad electoral no tienen. Y ego no es.

Manuel Baeza Sánchez es periodista.

#PlazaDeLaPatria Descafeinados

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#PlazaDeLaPatria Descafeinados

Juan Manuel Robledo
Ya no hacen las elecciones internas como antes, dirán con justa razón los militantes panistas que ya peinan canas; ellos recuerdan los debates previos al ejercicio de votar para elegir dirigentes, candidatos, para modificar estatutos…
A su modo, con grupos pequeños de militantes y a ratos muy distante de la sociedad, la democracia panista ponía primero el debate de las ideas y después la votación, a mano alzada.
Cuando el Partido Acción Nacional fue asaltado por hordas de empresarios deseosos de cobrar venganza porque el priismo los dejaba a un lado y les cerraba los caminos de acceso al poder, en ese momento la sui generis democracia blanquiazul se fue hundiendo en las nostalgias de la militancia.
Los poderosos grupos económicos que se apropiaron del PAN cerraron las opciones democráticas y copiaron las perversas costumbres priistas; el dedazo vil determinó candidaturas y contaminó la vida interna del panismo.
En ese proceso de descafeinarse también atropellaron la doctrina y los principios que en encendidos debates los intelectuales panistas habían construido.
Sin ideólogos, el blanquiazul se convirtió en una gencia de colocaciones electorales; un facilitador para saciar las ambiciones de poder. Con hombres y mujeres apegados a la ideología panista que hasta hoy son un pequeño rebaño de ovejas rodeadas de feroces jaurías.
Sin el cimiento y el andamiaje ideológico, el pragmatismo panista ha terminado por derrumbarse estrepitosamente. Los resultados electorales de los años recientes son abrumadoramente descriptivos del derrumbe del PAN.
¿Puede resucitar el Partido Acción Nacional? Puede; en alguna gaveta polvorienta deben estar sus documentos fundacionales; soplarles el polvo y leerlos les ayudaría a encontrar el rumbo extraviado. ¿Quieren hacerlo? Eso es otro asunto.

Juan Manuel Robledo es director de Info Aguascalientes / infoags y politólogo de café.

Columna de Mezquite • La Mecha Encendida

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Columna de Mezquite • La Mecha Encendida

Atilio Peralta Merino, Guillermo Macías Díaz Infante

El Poder Judicial de la Federación ha estado reticente a aceptar la reforma judicial. Ocho ministros, algunos magistrados de tribunales colegiados y al menos cuatro jueces de distrito han actuado en franca rebeldía respecto de la decisión del permanente Poder Constituyente.
Esos funcionarios se han servido del poder judicial para sus intereses personales.
La reforma constitucional establece la sustitución de los titulares de los órganos jurisdiccionales, por quienes sean llevados a esos cargos por la vía de la elección popular.
A partir de ocho de los ministros de la Corte se ha alebrestado a la totalidad del personal del Judicial, que ha estado en paro total de actividades desde hace ya cuarenta y siete días. La reforma sólo afecta a los referidos titulares pero no al resto del personal jurídico y administrativo; sin embargo, los jerarcas de la Corte involucraron en el desacato al resto del personal al que ninguna afectación le causa la reforma.
Algunos jueces y tribunales concedieron suspensiones a otros jueces que iban contra la reforma, ordenando aquéllos que no avanzara el procedimiento de modificación constituyente.
La decisión fue un acto constituyente, que escapa al poder de revisión de los poderes constituidos. Sin embargo, hoy la Corte ha determinado que sí es procedente la revisión jurisdiccional de la reforma, sin que medie impulso procesal alguno de particular afectado.
Tal determinación tiene trascendencia pues coloca al país al borde de una crisis políticoconstitucional con un enfrentamiento entre el Poder Constituyente, el Legislador ordinario y el Ejecutivo por un lado y el Judicial por el otro. De una situación de tensión empieza a escalarse a otra de naturaleza explosiva. la Corte encendió la mecha y ya la única salida es que la bomba le explote en las manos.
¿Cuáles son los escenarios de la explosión?
¿Podría el Constituyente, en un procedimiento urgente, destituir al actual poder judicial y sustituirlos por nuevos integrantes provisionales hasta que culmine el proceso electoral que establece la reforma?.
Otro es que lo que llamamos “la requisa judicial” ante la superveniente “huelga judicial”, sea llevada a cabo por poderes constituidos como a la sazón son el legislativo y ejecutivo desconociendo al judicial, al menos a la Corte y así se cubran vacantes conforme al procedimiento de designación anterior.
Uno más es el juicio político, para sancionar con destitución a ministros, magistrados y jueces que han actuado de manera principal en el desacato a la Constitución, que operaría dejando atrás el criterio sustentado por Ignacio Vallarta en el sentido de que, “el juicio político” no es procedente contra la Corte por sus fallos dado su carácter de último interprete de la Constitución.
Además de los anteriores es posible la vía de la fuerza armada para obligar a los desobedientes a renunciar, claro el problema ante tal escenario de “requisa judicial”, es saber si las fuerzas armadas cuenten con los suficientes elementos como para sustituir ya no tan sólo a los integrantes de la Corte sino al conjunto de los juzgadores rebeldes.
Similar al anterior visualizamos otro. La toma violenta de la Corte por contingentes civiles, para forzar la huida de los reticentes juzgadores, que acaso podría recordar el escenario de la Corte de Justicia de Bogotá en el 85, ahora que tales acontecimientos han venido a ser rememorados por el Presidente Petro.
Podría muy bien haber otras más, pero la única que no puede tomar la titular del Ejecutivo es doblar las manos ante Piña y sus secuaces. Si lo hiciera, estaría acabada en ese instante.

Atilio Peralta Merino es abogado.
Guillermo Macías Díaz Infante es abogado.

Columna de Mezquite • La Reforma Judicial

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Columna de Mezquite • La Reforma Judicial

Guillermo Macías Díaz Infante

INTRODUCCIÓN

El 5 de Febrero de 2024 el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Poder Constituyente un paquete de iniciativas de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y entre ellas, la de mayor trascendencia, para modificar la estructura constitucional del Poder Judicial de la Federación, en un cambio radical, proponiendo un sistema de elección popular de jueces, magistrados y ministros, con renovación total de los juzgadores, así como un nuevo sistema de administración, control y vigilancia del propio Poder y desde luego estableciendo normas sobre retribución a los juzgadores por su trabajo.

En la reforma se incluyó también el deber de las entidades federativas de la República de adoptar un sistema igual, bajo los mismos lineamientos constitucionales federales, para así modificar su respectivo Poder Judicial en cada una las entidades.

Después de seguir el procedimiento constituyente para la reforma en su diversas etapas, finalmente se promulgó y publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de Septiembre de 2024.

Sorpresiva e inexplicablemente el proyecto de reforma no tocó expresamente a los tribunales administrativos, tanto el federal como los de los estados, que son los que imparten justicia, principalmente en las controversias entre las autoridades administrativas y los particulares. Los tribunales administrativos de los estados son de los que más urgentemente requieren una reforma radical.

Este apunte no se escribe de manera técnica pues no está destinado exclusivamente para abogados, sino que para que cualquier lector esté en aptitud de entender lo que es la reforma judicial.

Como punto básico de partida, mencionaremos, sin mayores tecnicismos ni precisiones, que el Poder Judicial de la Federación se integra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyos miembros reciben el nombre de ministros, por los tribunales de Circuito, ya sean colegiados de circuito o tribunales colegiados de apelación, a cargo estos tribunales de magistrados y por los juzgados de distrito a cargo de jueces. Es integrante de este poder también el tribunal electoral federal, cuyos integrantes son magistrados. El Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de

De manera muy general mencionaremos que la Corte conoce en suprema instancia de cuestiones de constitucionalidad en los procesos jurídicos, en tanto que los tribunales colegiados conocen principalmente del juicio de amparo contra sentencias definitivas de tribunales y de recursos contra sentencias y actos de los jueces de distrito en materia de amparo. A su vez los jueces de distrito conocen de la justicia ordinaria en aplicación de leyes federales, así como de la materia de amparo en primera instancia contra actos de autoridad que no sean sentencias definitivas, en tanto que los tribunales colegiados de apelación son la segunda instancia en la materia de impartición de justicia en materia común federal impartida por los jueces de distrito y conocen de amparo respecto de actos dictados por otros tribunales de apelación, actos que no sean sentencias definitivas.

En esencia, para el lego en Derecho, podemos decirle que el Poder Judicial de la Federación es una pirámide en cuya base se encuentran  los juzgados de distrito y en la cúspide la Suprema Corte, pasando por los tribunales colegiados y el electoral, todo ello según la materia, grado e importancia del asunto de que se trate.

 

EL CONTENIDO

La reforma al poder de impartición de justicia es profunda y por ello ha afectado muchos y grandes intereses.

La reforma afecta a todo el personal jurídico con funciones de juzgadores (ministros, magistrados y jueces de distrito) y a los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, pues todos cesarán en su cargos, ya sea el 1° de Septiembre de 2025 o el 1° de Septiembre de 2027, salvo que participen en el proceso electoral que les corresponda, ya sea de 2025 o el de 2027

Esto originó una fuerte oposición de parte de los individuos afectados, de manera principal por ocho de los actuales once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  quienes alentaron la agitación de los restantes impartidores de justicia, es decir, de los magistrados y de los jueces y además instigaron la revuelta tanto de personal jurídico del poder judicial que no son propiamente los titulares de la impartición de justicia, sino auxiliares de los juzgadores, como del personal operativo y administrativo del propio poder judicial.

Es de capital importancia señalar que a ninguna persona que sea del personal de auxilio jurídico y personal operativo y administrativo de ningún modo les afecta la reforma, dado que sus derechos laborales quedan totalmente a salvo.

Lo que sí es la reforma

En primer lugar debemos decir que es una reforma de gran magnitud, profunda y trascendente porque afecta a todo el personal juzgador, cambia radicalmente el sistema de su acceso al cargo y tendrá efectos durante muy largo tiempo.

Lo que no es la reforma

La reforma no afecta negativamente la justicia ni anula la división de poderes ni la independencia del poder judicial y tampoco elimina la carrera judicial. Por virtud de la reforma judicial seguirá habiendo un órgano del estado encargado de administrar justicia. El poder del estado sigue estando dividido en ejecutivo, legislativo y judicial y será factible hacer carrera judicial a través del tiempo, la superación personal y ahora bajo la voluntad personal y el voto ciudadano.

No es cierto que cualquiera podrá ser juez o hasta ministro de la corte. Para llegar a ello habrá primero que cumplir los requisitos para el cargo y luego pasar una serie de filtros de valoración de la calidad y características personales que lo hagan apto para la función judicial a la que aspire y luego obtener la aprobación ciudadana a través del voto.

La reforma no cancela la democracia ni instituye una dictadura personal ni de partido. Es falso que llegarán a los cargos de juzgador sólo quienes cuenten con el apoyo del partido gobernante. Para llegar al cargo será necesario someterse al escrutinio popular y en este sentido las candidaturas serán de mucho valor para la democracia; los candidatos habrán de presentar sus cualidades personales y hojas de servicio o antecedentes, de una manera tal que merezcan el voto ciudadano.

Es falso que quien sea presidente de la República tendrá sometido a los miembros del poder judicial, ni que éste estará supeditado al poder ejecutivo ni al legislativo. Será un independiente, libre para tomar sus decisiones, pues los ministros, magistrados y jueces deberán el cargo al voto ciudadano y no a otro u otros funcionarios públicos que los hayan nombrado, propuesto o designado.

Para llegar a ser ministro, magistrado o juez federal se requerirá haber obtenido el voto favorable en una elección popular, pero para esto habrá que seguir un camino que no será fácil. Habrá campaña de los candidatos para que se presenten y promuevan ante los ciudadanos y para ello tendrán acceso en forma igualitaria a radio y televisión y habrá debates públicos (con acceso igualitario) que organizarán el INE o inclusive organizaciones de los sectores sociales (tales como agrupaciones sindicales, cámaras empresariales, universidades, colegios de abogados o asociaciones defensoras de derechos humanos), pero para ser candidatos habrán de ser propuestos por los tres poderes (hasta tres por cada uno de los poderes, para el caso de ministros y magistrados del tribunal electoral y del tribunal de disciplina y hasta dos para el caso de magistrados de circuito y jueces de distrito, todo esto para cada cargo vacante). Estas propuestas de los poderes habrán de salir de un procedimiento minucioso: habrá un comité de evaluación en cada uno de los tres poderes, integrado por cinco personas reconocidas a nivel nacional en la actividad jurídica; este comité evalúa a los aspirantes y determina los mejores en cuanto a conocimientos técnicos (jurídicos, obviamente) y que tengan distinción pública en el ámbito jurídico por su honestidad, buena fama, capacidad y antecedentes académicos y profesionales. Dichos comités formulan una lista de los mejores aspirantes (diez para ministro y seis para magistrado o juez) respecto de cada cargo y estos son sometidos a insaculación pública para ajustar el número de postulaciones que se requiera para cada cargo. Así, se remite la lista para que haga su aprobación el respectivo poder (en el legislativo, las cámaras por el voto de dos terceras parte, en el judicial por mayoría de seis votos del pleno y por el ejecutivo). La lista de postulaciones así definida se remitirá por cada poder al Senado y éste la envía al INE para la organización del proceso electoral a fin de que los ciudadanos voten para la integración de los cargos del poder judicial.

Pero todo en ese procedimiento que es un concurso público, sólo podrán participar las personas que cumplan los requisitos esenciales, de manera destacada el acreditar haber sido buen estudiante en la carrera de Derecho, obviamente tener título profesional en la ciencia jurídica y experiencia en el ámbito de la práctica jurídica (cinco años para ministros y tres para magistrados y jueces).

Como se puede apreciar, quienes lleguen  ya no a los cargos, sino simplemente a ser candidatos, habrán de ser personas de reconocida capacidad, honestidad, buena fama y antecedentes profesionales. La evaluación, como se vio, será hecha por comités integrados por reconocidos juristas. Por lo tanto, quien resulte elegido, tendrá a su favor una gran presunción para un buen ejercicio del cargo.

Hay candados para evitar la intromisión tanto de partidos políticos como de grupos fácticos indeseables. No puede haber financiamiento público ni privado en las campañas ni se puede contratar tiempo en radio y televisión. Los partidos políticos tienen prohibido participar y hacer actos de proselitismo.

Es del todo inexacto que será el partido mayoritario actualmente en el gobierno el que hará las designaciones de los juzgadores. A este respecto hay que señalar que desde la primera integración del poder judicial en 2025 es claro que no se darán los fenómenos que se han pregonado sobre desaparición de independencia, anulación de división de poderes o dictadura. Es muy importante destacar que en esa elección podrán participar todos los que sean funcionarios judiciales actuales, es decir, todos lo que hoy en día ejercen la función de juzgadores federales. La única diferencia entre llegar o no al cargo, será si son o no son apoyados por el voto ciudadano. Las listas que conocerán los tres poderes para hacer sus postulaciones vendrán muy depuradas por la intervención de los comités de reconocido prestigio de juristas y por la calidad misma de los aspirantes.

La integración total del primer poder judicial a partir de 2025 a 2027 estará conformada por la mitad de los actuales magistrados y jueces de distrito. Los asuntos de los que conocen estos tribunales y juzgados se turnan aleatoriamente entre los tribunales y juzgados competentes. Luego entonces, desde un principio habrá tribunales y juzgados que no podrán ser catalogados como vinculados al partido gobernante y por ende no puede sostenerse que el poder judicial habrá desaparecido o que la democracia habrá muerto y que se ha implantado la dictadura. Además de manera importante hay que considerar que los magistrados y jueces, luego de la conclusión de su período de encargo, si desean continuar, habrán de someterse de nuevo al escrutinio del voto ciudadano; esto significa que ya no habrá cargos vitalicios e inamovibles. La elección de juzgadores en procesos posteriores al de 2027 requerirá de postulaciones hechas por las cámaras y por el pleno de la corte, órganos respecto de cuya integración futura no puede sostenerse que serán dominados con mayoría absoluta por el actual partido gobernante.

Se ha dicho también que con la desaparición del Consejo de la Judicatura y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial se crea un poder a manera de santa inquisición, un órgano que a quien toque, ya estará condenado irremisiblemente, sin posibilidad de apelación alguna. Esto es del todo inexacto. El procedimiento ante este tribunal se desarrollará en dos instancias, por lo que cualquier afectado en un principio con una sentencia desfavorable, podrá apelar hacia la superioridad. Ese órgano tampoco es el patíbulo que se ha querido presentar por los privilegiados que cuestionan la reforma. Como garantía para que este órgano no se convierta en un coto de poder vitalicio al servicio de grupos internos, la duración en el cargo de los magistrados se limita a seis años improrrogables.

La carrera judicial se fortalece y será factor de capacitación, mejoramiento y superación de los impartidores de justicia y de los demás funcionarios del poder judicial. Será un elemento que aporte posibilidades reales a los funcionarios de ascender en el ejercicio de las funciones del poder.

Es también querer asustar con del petate del muerto la propagación de ideas de que la reforma es mal vista en el extranjero y que ello afectará inversiones y comercio y hasta nos impondrán sanciones. Esas son meras afirmaciones gratuitas. Nadie en el extranjero está preocupado por la reforma ni nadie nos pretenderá sancionar. Esto es de lo más irrisorio que he escuchado. Las libertades de que gozamos no están amenazadas en modo alguno: la vida, la propiedad, la libertad de trabajo, de expresión, de manifestación y de asociación soy hoy más sólidas que nunca. Los sectores conservadores, desesperados porque no han logrado difamar a un régimen cuya ideología no comparten, usan ahora la reforma para engañar a la opinión pública. De ahí este apunte, para cubrir la necesidad de orientar a quienes no saben de derecho, sobre el contenido de la reforma y también a quienes dicen que saben, pero en realidad sólo saben hacer el ridículo.

En síntesis, la reforma judicial está muy lejos de ser lo que los opositores a ella han pregonado. La reforma termina con cotos de poder y privilegios y con focos de ambiciones personales, de corrupción y de influyentismo. Se han escudado los ministros manipuladores bajo la coraza de la supuesta calidad profesional de todo el personal y de la carrera judicial. Ésta es solo un disfraz para ocultar el influyentismo y nepotismo. De ahí que este poder sea conocido coloquialmente como el Poder Familiar de la Federación. Esa valerosa decisión del Ejecutivo de proponer la reforma y del constituyente mexicano de aprobarla, a pesar de las amenazas y uso del propio poder para defender el interés particular, traerá un gran beneficio al país.

Hoy, personas con méritos, con calidad humana y profesional podrán llegar al cargo de juzgador, que antes tenían vedado por no tener padrino ni ser familiar de algún integrante del poder.

Por lo electoral, la reforma instaura un mejoramiento del civismo en el pueblo mexicano. Las campañas, por su connotación especial, despertarán el interés ciudadano y con el tiempo, serán un pilar fuerte que sustente la justicia mexicana.

 

LAS IMPUGNACIONES

Comentarios generales

En todo el procedimiento de la reforma constitucional, desde la presentación de la iniciativa hasta la promulgación y publicación, los órganos del estado que participan (cámara de diputados, senado, legislaturas de los estados y presidente de la república) actúan funcionalmente como poder constituyente y no como legislador ordinario. Es el mismo constituyente originario, prolongado en el tiempo, por disposición de éste mismo, para la actualización de la Constitución.

El constituyente no legisla a la manera del legislador ordinario; el constituyente constituye, crea la esencia de lo que es el estado mismo. No está sujeto a poder alguno ni a norma alguna. Es la esencia de la soberanía actuando para constituir el ser y por ello uno de sus alcances es crear los poderes, definiendo la integración, organización, elección y funciones esenciales de éstos. Así, la cámara de diputados no es un ente del poder legislativo sino que lo es del constituyente mismo; igual acontece con el senado y también con las legislaturas estatales. Ningún poder tiene imperio sobre el constituyente. La lógica se impone: un poder constituido no puede revisar los actos del constituyente.

Los juicios de amparo y las suspensiones

Es por lo tanto evidente que no existe medio de impugnación en contra de reformas a la Constitución, tanto por lo que toca al fondo como al procedimiento.

No es necesario que la Ley de Amparo disponga que el juicio es improcedente; la naturaleza misma de la actuación constituyente está fuera del alcance de cualquier autoridad constituida.

Además, el juicio de amparo, siendo para revisar la constitucionalidad de actos de autoridad, es improcedente para revisar la Constitución misma. La Constitución no puede ser inconstitucional, sin importar el alcance o contenido de sus disposiciones; las normas constitucionales pueden inclusive ser retroactivas de manera desfavorable a los particulares (baste leer las disposiciones de las fracciones VIII y XVIII del artículo 27 de la Constitución en su texto vigente desde el constituyente de Querétaro de 1917). Es absurdo pretender revisar la constitucionalidad de la norma constitucional.

Los juicios de amparo promovidos por jueces de distrito en contra de la reforma al Poder Judicial de 2024, además de improcedentes, son en sí mismos contrarios a toda noción de imparcialidad de la justicia. Los jueces se han convertido en partes, utilizando el poder judicial para su interés personal.

Las suspensiones otorgadas por los jueces que admitieron esas demandas, además de improcedentes, son ridículas. Los jueces, sin duda instigados por ministros de la Corte y en especial por la Ministro Presidente Piña, hicieron el ridículo. Se enfrentaron al poder político del constituyente, sin alcanzar a ver, en lo más mínimo, que lo único que iban a lograr, era desprestigiar al poder judicial al realizar ante los ojos de la Nación, una actuación parcial utilizando a la justicia en favor de su propio interés. Este desprestigio costará mucho resanarlo y, en especial esos jueces de distrito, nunca podrán volver actuar como tales, so pena ser estar bajo sospecha de imparcialidad (en cualquier asunto que se les presente).

Se arriesgaron estos jueces a dejar al juicio de amparo en ridículo, afectando gravemente la credibilidad de los justiciables de la Nación en la impartición de justicia. Fueron ilusos y faltos de la debida reflexión al optar, confabuladamente con sus pares, en admitir esas demandas y otorgar suspensiones; pensaron, sin ulterior reflexión, que el constituyente se iba a someter a sus dictados, es decir a sujetarse a los intereses personales, particulares de los propios jueces. Ante una fuerza política avasalladora de naturaleza constituyente en relación al cambio en el Poder Judicial, no cabía, legalmente, recurso alguno.

En este apartado de las impugnaciones, cabe también considerar que el juicio de amparo y cualquier otro recurso, como la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad están ya fuera de toda posibilidad de resolución jurisdiccional. Aún en el inadmitido supuesto de que procediera algún medio de impugnación, no existe órgano que lo pueda resolver bajo la calidad esencial de imparcialidad. Los jueces, magistrados y ministros ya se manifestaron en contra, inclusive con violencia, y por ende no puede estimarse que su resolución judicial fuera imparcial. Hay que recordar que en 1982, cuando la nacionalización de la banca y la consecuente reforma a la Constitución federal para estatizar el servicio de banca y crédito, se dio un alud de manifestaciones a favor, obviamente al puro estilo del priísmo duro de entonces; a estas manifestaciones se unieron los entonces ministros de la Corte y apoyaron la reforma en un acto de sumisión al entonces Presidente López Portillo. Fueron conocidos como los *ministros apoyadores* y en relación a tal actitud, fue precisamente la derecha (política) encabezada por los banqueros, su abogado Sánchez Medal y otros empresarios pesados quienes en aquél entonces cuestionaron la actuación de los ministros al pronunciarse en un asunto que les iba a ser sometido a su conocimiento jurisdiccional; la acusación de parcialidad fue incuestionable y el fallo, previsible, se dio lógicamente.

Por último, para cerrar este capítulo de impugnaciones, es pertinente comentar que los jueces que admitieron las demandas y los magistrados que en unos casos lo ordenaron, ha violado de manera incuestionable en actos que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales. Los jueces y magistrados usaron la función judicial pretendiendo darle alcance en beneficio de su interés personal. Esto es gravísimo. Por ello, al margen de la comisión de delitos, hay responsabilidad política y pueden ser juzgados por ello y ser sancionados con destitución e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Sin embargo, la prudencia de diputados y senadores de Morena, del Presidente López Obrador y de la Presidente Electa Sheinbaum ha determinado no tomar ese camino, al menos por ahora y han evitado que la sangre llegue al río.

El desacato

No puede haber desacato a resoluciones judiciales de un poder ordinario, constituido, respecto de actos del constituyente. Nunca el poder judicial tendrá jurisdicción sobre actos del constituyente. Son razones de esencia de los entes y por ende de jerarquía.

Las suspensiones emitidas por los jueces de distrito fueron balas de salva, disparadas al aire. No podían tener destinatario alguno, puesto que no está en su competencia analizar actos del constituyente.

Se dijo, inclusive por una exministro y hoy diputada, que contra las suspensiones habría que promover los recursos que previene la ley de amparo, para que un tribunal colegiado las dejara sin efectos. Esto es del todo desatinado. El constituyente, de haber interpuesto esos recursos, se estaría sometiendo a la justicia ordinaria, lo que va en contra de su propia esencia de creador del ente jurídico político que es el estado, en especial de uno de los órganos de uno de los elementos del propio estado. El constituyente, de someterse a la justicia ordinaria, estaría renunciado a su propia esencia y jerarquía y por lo demás, en el caso de esta reforma, ante el rechazo ya anunciado por los jueces y magistrados, la resolución de los recursos sería totalmente previsible; es decir, el constituyente se estaría aventando al vacío. Hay que insistir en que no existe poder alguno sobre el constituyente.

Se dirá que en todo caso, las suspensiones dictadas por los jueces eran actos de autoridad y como tales había que combatirlos a través de los medios de defensa respectivos. En relación a esto podemos decir que el constituyente está fuera la órbita de alcance de los actos de las autoridades constituidas. No hay imperio alguno del poder judicial ordinario sobre el constituyente. El poder judicial no tiene facultad alguna que alcance a los actos del constituyente. Ante el supuesto desacato del constituyente, al poder judicial ordinario no le queda otro recurso que el *jus pataleare* (dar patadas de ahogado). Los jueces que dictaron las suspensiones en cuestión pasarán a la historia como el hazmerreír del gremio de impartidores de justicia. Nunca debieron haberlo hecho. Les faltó reflexión jurídica; se fueron sobre lo superficial, sobre sus conocimientos de machote y se sintieron con un poder superior al del constituyente. Ya habrán aprendido la lección.

La teoría del desgaste

Es de esperarse que vengan nuevas impugnaciones, especialmente de parte de autoridades de los estados y de particulares. Se apostará a suspender la reforma y que con el tiempo se diluya su apoyo popular y se vuelva al régimen de privilegios. Es mi opinión que lo que de diluirá será el ánimo impugnador y vendrá la conformidad con la reforma, sobre todo al verse sus primeros resultados en la elección del próximo 1° de Junio de 2025.

 

LO QUE SIGUE

Sesión del INE y Convocatoria por el Senado

El INE deberá sesionar a más tardar el 23 de Septiembre próximo para tomar los acuerdos conducentes para la etapa de preparación de la elección de 2025.

El Senado deberá expedir a más tardar el 16 de Octubre de 2024 la Convocatoria para integrar las listas de candidatos que participarán en la elección de 2025. Esta lista deberá enviarse al INE a más tardar el 12 de Febrero de 2025 para que organice el proceso electoral. Esta convocatoria deberá prever las etapas completas del procedimiento, fechas y plazos improrrogables y los cargos a elegir (la totalidad de los ministros de la Corte, las magistraturas vacantes de Sala Superior del tribunal electoral y la totalidad de sus regionales y la totalidad de las integrantes del tribunal disciplinario, así como la mitad de las magistraturas de circuito y de jueces de distrito). Por lo tanto, el actual Consejo de la Judicatura deberá determinar, previamente a la emisión de la convocatoria los circuitos, tribunales y juzgados cuyos integrantes habrán de elegirse, para que a más tardar antes del vencimiento del plazo que se establezca en la convocatoria, los juzgadores actuales (ministros, magistrados y consejeros) manifiesten si competirán en el proceso electoral).

Remuneraciones

Las remuneraciones de todos los que perciban ingresos por trabajar como funcionarios o empleados judiciales deberán ajustarse a partir del 16 de Septiembre de 2024 a lo previsto por la Constitución, es decir, nadie podrá ganar más que el Presidente de la República.

La legislación ordinaria federal

El Congreso de la Unión, ahora sí como legislador ordinario, tiene un plazo de noventa días, que vencerá el 15 de Diciembre de 2024 para emitir las leyes federales necesarias para la regulación de la materia determinada por la Constitución. De manera destacada esta labor legislativa incluye la expedición de una nueva ley orgánica del poder judicial federal, adecuaciones a la legislación de amparo, a la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional

El poder judicial de los estados

El constituyente en cada estado tiene un plazo de ciento ochenta días que vencerán el próximo 15 de Marzo de 2025 para efectuar las adecuaciones a la respectiva constitución local y luego para emitir la legislación local secundaria para regular la materia respectiva, pero en todo caso, el poder judicial de todos los estados deberá estar renovado, en su totalidad, a más tardar con el resultado de la elección de 2027.

En la introducción a este apunte dijimos que la reforma no tocó expresamente a los tribunales administrativos. Sin embargo, al respecto existe ya un conflicto serio sobre este asunto. El tribunal administrativo federal es autónomo y no es integrante del judicial; igual acontece con la mayoría (casi dos terceras partes) de los estados, pero hay una tercera parte de los estados que tienen como parte integrante de su poder judicial al tribunal administrativo. Éstos en términos estrictos caen bajo los alcances de la reforma y deberán ser de elección popular sus integrantes. Pero, los restantes no. Aquí se genera una distinción, indebida, en cuanto a la integración de dichos órganos de impartición de justicia.

Guillermo Macías Díaz Infante es abogado.

Tono, sentimiento y conceptos del discurso de Claudia Sheinbaum

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Tono, sentimiento y conceptos del discurso de Claudia Sheinbaum

Con ayuda de la IA (Inteligencia Artificial) en infoags.com analizamos el discurso de toma de posesión del Poder Ejecutivo federal de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Analizamos el tono, el sentimiento y los conceptos más importantes que la mandataria mexicana utilizó para dar su mensaje a los ciudadanos.
Este es el resultado:

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Tono, sentimiento y conceptos del discurso de Claudia Sheinbaum
04:16

Tono del discurso
El tono del discurso es principalmente formal, inspirador y conciliador. La oradora se dirige a una audiencia diversa que incluye figuras políticas importantes, representantes internacionales y al pueblo mexicano. Su lenguaje es respetuoso y protocolario, especialmente al inicio cuando realiza los saludos y agradecimientos. Sin embargo, el tono también se vuelve apasionado y emotivo cuando habla de la historia de México, de las mujeres y de la transformación que, según ella, está viviendo el país. En algunos momentos, el tono se vuelve firme y contundente al defender las políticas implementadas y refutar las críticas, pero siempre manteniendo un tono general de unidad y esperanza.

Sentimiento del discurso
El sentimiento general del discurso es positivo y optimista. La oradora expresa gratitud por el apoyo recibido y confianza en el futuro de México. Se percibe un sentimiento de orgullo al hablar de la historia y la cultura del país, y de esperanza al describir la transformación que se está llevando a cabo. También hay un sentimiento de justicia social al defender los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas y los grupos históricamente marginados. Aunque se reconoce que aún hay desafíos por delante, el discurso transmite un sentimiento general de progreso y optimismo.

Conceptos más importantes
Transformación: Este es el concepto central del discurso. La oradora se refiere a la “cuarta transformación de la vida pública de México”, que implica un cambio profundo en el modelo de desarrollo del país, alejándose del neoliberalismo y la corrupción.
Humanismo mexicano: Es el nuevo modelo de desarrollo que se propone, centrado en el bienestar del pueblo, la justicia social y la igualdad.
Austeridad republicana: Es un principio fundamental de este nuevo modelo, que implica un gobierno honesto y eficiente, sin lujos ni privilegios.
Democracia: Se destaca la importancia de la democracia como gobierno del pueblo y para el pueblo, y se garantiza el respeto a las libertades y los derechos humanos.
Igualdad sustantiva: Se hace hincapié en la lucha por la igualdad de las mujeres y se celebra su llegada a la presidencia como un logro histórico.
Soberanía: Se defiende la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos, especialmente en materia económica y energética.
Justicia social: Se promueve un México más justo, donde se atiendan las causas de la desigualdad y se garantice el acceso a los derechos para todos.
Seguridad: Se plantea una estrategia de seguridad basada en la justicia y la atención a las causas de la violencia, en contraste con la “guerra contra el narco”.
Desarrollo sostenible: Se enfatiza la importancia del cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, así como la transición hacia energías renovables.
Unidad: Se hace un llamado a la unidad y la reconciliación nacional, dejando atrás el odio y la discriminación.

Resumen del discurso de Claudia Sheinbaum
El discurso conmemora el inicio de un nuevo periodo presidencial en México, marcando un hito histórico al ser la primera vez que una mujer asume la presidencia del país. La oradora, con un tono formal y emotivo, se dirige a una audiencia diversa, incluyendo representantes internacionales y al pueblo mexicano, para agradecer el apoyo recibido y expresar su visión para el futuro de la nación.

El discurso se centra en la “cuarta transformación de la vida pública de México”, un cambio profundo que busca alejarse del modelo neoliberal y la corrupción que, según la oradora, ha marcado la historia del país durante décadas. En su lugar, se propone un modelo de desarrollo basado en el “humanismo mexicano”, que prioriza el bienestar del pueblo, la justicia social y la igualdad.

La oradora destaca los logros alcanzados en los últimos años, como la reducción de la pobreza, el aumento del salario mínimo y la inversión extranjera, y defiende las políticas implementadas por su gobierno, como la austeridad republicana y la lucha contra la corrupción. También se reafirma el compromiso con la democracia, la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos.

Se hace hincapié en la igualdad sustantiva de las mujeres y se celebra la llegada de la primera presidenta como un logro histórico que abre nuevas posibilidades para las mujeres mexicanas. Se reconoce la importancia de la unidad nacional y se hace un llamado a dejar atrás el odio y la discriminación, reconociendo la diversidad y promoviendo la fraternidad.

En materia económica, se plantea mantener la estabilidad macroeconómica, promover la inversión pública y privada, y fortalecer la relación comercial con Estados Unidos y Canadá. Se reitera el compromiso de no aumentar los precios de los combustibles y la electricidad, y se anuncia un ambicioso programa de digitalización para facilitar el pago de impuestos y otros trámites.

Se defiende la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos, especialmente en materia energética. Se anuncia un plan para fortalecer la empresa estatal de petróleo, Pemex, y se promueve la transición hacia energías renovables. Se destaca la importancia de la autosuficiencia alimentaria y se rechaza el uso de maíz transgénico.

En materia de seguridad, se propone una estrategia basada en la justicia y la atención a las causas de la violencia, en contraste con la “guerra contra el narco”. Se fortalecerá la Guardia Nacional y se coordinarán esfuerzos con municipios y estados para combatir la impunidad.

Se anuncian nuevos programas de bienestar, como un apoyo para mujeres de 60 a 64 años y una beca para niños y niñas que asisten a escuelas públicas. Se consolidará el sistema de salud pública y se aumentará el número de universidades y preparatorias. Se implementará un programa de construcción de viviendas y se continuará con la inversión en infraestructura, como el Tren Maya y el Tren Interoceánico.

Se promoverá la ciencia y la innovación, apoyando las ciencias básicas, naturales, sociales y las humanidades. Se implementará un ambicioso proyecto de economía circular en Tula, Hidalgo, para reducir la contaminación y generar empleos. Se ordenarán las concesiones y la transmisión de derechos de agua, y se tecnificarán miles de hectáreas de riego.

La oradora finaliza su discurso con un llamado a la unidad y al trabajo conjunto para construir un México más próspero, libre, democrático, soberano y justo. Reafirma su compromiso de servir al pueblo y a la patria, y confía en que, con el esfuerzo de todos, se consolidará un México cada día mejor.

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